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Los sectores de leche y carne son la médula espinar de la cornisa. Las regiones exigen mantener el modelo actual con un tratamiento especial y deferente, y si el mercado no funciona por sí solo para dar salida a los productos, serán necesarios más apoyos. Otro de los pilares del documento de Santiago es el rechazo del trasvase de ayudas agrarias al desarrollo rural, a costa de quitar subvenciones a los que menos reciben. Las regiones quieren una fórmula que garantice que el destino de las ayudas que se modulan, es decir, que se restan a partir de determinados porcentajes, sea el sector agroganadero. Una de las propuestas de la Comisión es la de pasar fondos agrarios al pago de políticas para combatir el cambio climático, biocombustibles o protección de la biodiversidad. La Consejera asturiana puso como ejemplo que un 85 por ciento de los ganaderos asturianos reciben menos de 10.000 euros al año. Se mostró partidaria de quitar más a las rentas más altas «y acabar con que los grandes terratenientes se lleven la mayor parte de las ayudas». En estos momentos, 8,7 millones de ayudas directas se reparten entre 6,5 millones de agricultores, mientras que 4,4 millones de ayudas directas se dan a sólo 3.000 beneficiarios. La cornisa también defiende que el reparto de los fondos se haga con criterios de cohesión territorial y en tal caso que los recursos que salen de los ganaderos vuelvan por otras vías a ellos.
A pesar de la dura reconversión vivida por el sector en los últimos quince años, la cornisa aglutina el 40 por ciento de la producción lechera de España, cifrada en 6 millones de toneladas. Asturias cuenta con el diez por ciento de la cuota española, 95.000 vacas lecheras y 130.000 vacas madres de carne, que suman el 7 por ciento nacional.
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